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MOVIMIENTO POR LA TIERRA

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Foto: Aurelio  Gonzaez  -  Segunda Marcha cañera de UTAA hacia Montevideo -1964

Nuestra tierra, es una herencia de las generaciones que nos precedieron, y en particular, de las comunidades originarias, que lucharon por defenderla del invasor europeo.

Nuestra tierra con su flora, fauna y morfología natural, es el paisaje que define nuestra identidad.

La tierra es nuestro principal recurso natural para la vida, la soberanía alimentaria y el asentamiento para una vida digna, de todos los que pueblan este territorio.

Es la base de un proyecto de desarrollo económico nacional, independiente, sustentable e integrado a la estrategia de liberación de los pueblos hermanos del continente.

La tierra no debe ser más considerada una mercancía

La tierra es un bien social, generadora de alimentos, de riquezas, de fuente de trabajo, de cultura, de estilo de vida natural basado en el respeto y amor por la naturaleza

Por ser un bien esencial, finito y contaminable, debemos cuidar su uso y degradación; nos lo exigen las generaciones venideras.

Como bien colectivo debe estar sujeto a un ordenamiento territorial solidario, en función de las cuencas hídricas y de un proyecto sustentable, tanto en lo económico como en la conservación del suelo.

Debe contemplar las distintas necesidades humanas: alimentación, vivienda, producción, trabajo, recreación, educación.

El proyecto artiguista (Reglamento de Tierras de 1815) fue revertido y traicionado con un largo proceso de  expropiación y concentración del poder sobre la tierra y que continúa hasta nuestros días.

Como bien social la tierra debe dejar de ser objeto de especulación financiera para estar al servicio de toda la comunicad.

Para ello, en primer lugar, su producción debe estar planificada para satisfacer las necesidades alimenticias del conjunto del pueblo, a bajo costo y en abundancia.

Para ello necesitamos el diálogo permanente de los técnicos comprometidos con un proceso de liberación, y el conjunto de las mujeres y los hombres que en esta tierra nacieron y los que desde siempre, trabajaron, amaron e hicieron producir nuestro suelo en forma sustentable.

Es necesaria la protección de zonas naturales características de cada región, como forma de preservar la bio-diversidad.

La tierra no puede estar ociosa sin cumplir su función social. Constituyendo el principal medio de producción y nuestro soberano territorio, debe democratizarse su distribución. De esa manera se proveerá de  medios de vida y habitación a las poblaciones carentes de ellos. Esto permitirá asegurar la implementación de pequeñas cadenas productivas agro-industriales que diversifiquen y que complementen la producción con valor agregado.

La tierra es fuente de trabajo segura para todos cuantos quieran participar en un Proyecto Productiva Nacional. Asegura también alimento a todos los orientales a través de planes de producción y distribución alimentarios.

Esta propuesta  implica eliminar el latifundio como forma abusiva e improductiva de propiedad.


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Mientras exista la propiedad privada sobre la tierra, quienes usufructúan de este bien social en beneficio personal, deberán pagar un impuesto progresivo cuanto mayor sea la extensión de la propiedad. Las tierras en posesión privada no podrán ser mayores de 2.500 hectáreas. Las de mayores dimensiones se expropiarán al igual que la tierra que esté abandonada.

El Estado concederá estas tierras para un uso y aprovechamiento social (Bajo forma de Propiedad Social)  a los colectivos (Cooperativas u otras formas colectivas de organización) que la trabajen dentro de un plan de producción Nacional.

La tierra no será enajenable a cambio de capital sino solo transferible para habitación y trabajo de grupos organizados en cooperativas o comunidades.

La tierra debe convertirse en un ámbito educativo por excelencia. Destinándose predios para la formación humana, técnico-científica en los distintos niveles, y dotados de todos los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad docente. El Trabajo agrario deberá estar incluido como materia curricular en todas las escuelas y liceos. Ello como parte de una nueva cultura que nos devuelva a nuestras raíces y nos transforme en integrantes de una comunidad auto sustentada.

Se desarrollará en el ámbito nacional, una cadena de alfabetización "Artiguista" que comprenda a las distintas generaciones que (desde la dictadura militar iniciada en 1973 hasta nuestros días) se han visto privadas de este legado histórico que nos identifica.

Desde el punto de vista económico, la producción agrícola conlleva una inversión comparativa menor que la de otros rubros productivos y de más rápida y fácil recuperación.

Nuestra tierra es muy pródiga y constituye la base de un proyecto de desarrollo nacional complementario con el de otros pueblos latinoamericanos que buscan plasmar el viejo sueño artiguista de la patria grande.

Ello solo será posible desarrollando formas de organización social y de producción socializados, que vayan reduciendo la explotación del hombre por el hombre, y sistema de cooperación e intercambio entre los pueblos que enfrente la complementación solidaria con el sistema de dominación imperial.

Las inversiones extranjeras por esencia no tiene vocación democratizadora ni promotora del desarrollo nacional. Viene a extraer la mayor plusvalía posible. (Si no es así, no viene.

Las inversiones en educación, infraestructura, vivienda, salud, producción, etc. Deberán hacerse esencialmente sobre la base del ahorro nacional.
No rechazamos las inversiones extranjeras, las rechazamos si traen condiciones.

Se honrará a nuestro pueblo con el pago de la "deuda social". El pago de la deuda externa es inmoral. Gran parte de ella fue contraída por la dictadura con el fin de reprimir al pueblo, otorgarle grandes ganancias  a las multinacionales y para enriquecimiento de oligarcas y generales.

Se promoverá que investigue y transparente el origen, destino y legitimidad de la Deuda Externa.

La extranjerización de la tierra ha llegado a un nivel desconocido y alarmante y en aumento  permanente.

Para revertir este proceso  se deberá anular la ley de sociedades anónimas en el medio rural, así como aplicar las mismas leyes de protección que rigen con los países hermanos Brasil y Argentina.

La extranjerización se ha dado de la mano con la introducción de los mono cultivos forestales y los transgénicos como la soja y el maíz.

La implantación de grandes capitales que especulan con la tierra o vienen a explotarla, para satisfacer necesidades consumistas del primer mundo (la celulosa) son inversiones no convenientes ni rentables para el país. El costo ecológico de degradación del agua, la tierra y la vida, que ya han generado, provocando sequías por las grandes áreas forestadas. Y lo que generan en su entorno, junto a los capitales que exportarán, no dejara nada más que pérdidas para la sociedad, a cambio de unos pocos empleos.

Cada fábrica de celulosa supone (detrás de ella) cientos de miles de hectáreas forestadas que ya están causando estragos a los habitantes y productores aledaños.

Nuestros recursos hídricos están siendo privatizados, extranjerizados, y contaminados por estos cultivos en manos de multinacionales.

Una auténtica política de desarrollo y de generación de fuentes de trabajo genuinas en el campo, supone erradicar el latifundio, la ganadería extensiva y la forestación masiva que nos invade.

Para finalizar.

Nuestra golpeada juventud, debe ser honrada con la herencia que le pertenece,, tierra fértil, formación universal y laboral, un lugar donde crecer, trabajar colectivamente, gozar y reproducir la vida, re-fundando solidariamente una patria para todos, a su imagen y semejanza.

Las franjas etarea comprendida entre los 16 y 30 años deben ser objeto de planes y una legislación específica que garantice el real ejercicio de todos los derechos antes dichos.

La participación protagónica ciudadana de los jóvenes, es la única forma de garantizar un nuevo proyecto de país, un verdadero cambio, que para serlo debe ser estructural y de raíz.

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