LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA REFORMA AGRARIA
El Documento siguiente es en aporte de Vladimir Sauchuk, para la "Segunda Jornada de valoración y discusión sobre El PLAN POR LA TIERRA Y CONTRA LA POBREZA"
Es una exposición de conceptos sobre la tenencia, uso y reversión de la extranjerización de la tierra, generadores de ideas, para ir agregando aquellas que surjan de su estudio como aportes enriquecedores.
Cuando en los años '60 la izquierda levantaba como una de sus más sentidas banderas a la reforma agraria, apuntaba sus miras contra el enemigo principal, la oligarquía terrateniente aliada al imperialismo, la "clase vacuna" al decir de algún historiador (Barrán y Nahum?).Los fundamentos iban desde el estancamiento histórico de la explotación de la tierra en base al latifundio ganadero agro-exportador, pasando por argumentos económicos como el de la generación de un producto de escaso valor relativo concentrado en pocas manos mientras ocupaba la mayor parte del territorio nacional, y terminaba en constataciones sociológicas como la escasa mano de obra empleada y su expulsión hacia los cinturones urbanos.Esa lucha secular por la tierra generó repetidos alzamientos armados a lo largo de nuestra historia (y la de toda Latinoamérica), el último a principios de esos mismos años '60, modificada después en su contenido por otras influencias ideológicas.Sin embargo, a pesar del peso y contundencia de aquellas fundamentaciones la realidad que vivía el agro en esos años queda chiquita al lado de la gravedad que adquiere la situación con el cambio de siglo, porque el proceso de concentración de la propiedad de la tierra se ve agravado, ahora, por su extranjerización y su uso desconsiderado al envenenar el medio en que viven los uruguayos, afectando no sólo su soberanía sino su elemental derecho a la vida sana.En efecto, en los últimos años se observa la creciente adquisición de importantes áreas por parte de compañías forestales extranjeras o sus testaferros nacionales en el marco del cumplimiento de la actual asignación de tareas por las potencias centrales: la producción de árboles y celulosa a esta región del planeta, en mérito a la buena calidad de sus tierras, bien regadas, necesarias para el rápido crecimiento de las especies madereras adecuadas a ese fin.Es sabido el histórico reparto del mundo en áreas de influencia entre las potencias centrales y el encargo de producciones funcionales al desarrollo de la metrópolis, mediante diversos mecanismos entre los cuales se incluyen las inversiones directas y la implantación de esas actividades para las que siempre se encuentran interesados defensores locales. También son conocidos los efectos limitantes del desarrollo autónomo de los países dependientes por esta explotación en segundo grado ejercida por los países ricos con el consiguiente aumento de la brecha que los separa.Precisamente por ese creciente desarrollo (en particular de computadoras) y por sus cada vez mayores necesidades de papel, incapaces de solucionárselas ellos mismos debido a las limitaciones de sus áreas forestadas y la importante contaminación que su procesamiento les genera, deciden "tirar" a la periferia por lo menos las partes más nocivas de la fabricación del papel: la forestación y la extracción de la celulosa.La plantación de eucaliptus se inicia acá ya bajo la dictadura, se consolida con la promulgación de una ley de subsidios bajo la primera administración de Sanguinetti y adquiere importancia durante el período de Lacalle y siguientes, proyectándose alcanzar ahora el millón y medio de hectáreas.Además del desplazamiento de otras actividades productivas que absorben más mano de obra (la forestación ocupa menos gente incluso que la tan cuestionada ganadería extensiva, 4 trabajadores cada 1.000 hect. contra 6 de ésta), los efectos indeseados incluyen la acidificación del suelo (el ph bajó de 6.5 a 3.8 en las áreas forestadas), el alto consumo de agua que seca las napas superficiales, la proliferación de plagas y la contaminación por escurrimiento de los cursos de agua con agroquímicos. Los pájaros desaparecen y los peces mueren. Los pobladores vecinos deben emigrar al secarse sus fuentes, vendiendo sus tierras a las compañías forestadoras que continúan ensanchando sus plantaciones sin pagar siquiera por el agua de propiedad pública (por plebiscito) que se apropian o envenenan.El avance de la forestación amenaza además con la introducción de especies transgénicas (menos resistentes) desarrolladas por las multinacionales que necesitarían el uso de plaguicidas ocasionando aún mayores daños sobre la diversidad nativa. (Similares efectos producen hoy otros monocultivos transgénicos también predominantemente en manos de extranjeros).De acuerdo a su ciclo productivo esas tierras permanecerán cubiertas de eucaliptus durante varias décadas y el día que sean abandonadas por agotamiento de su humedad y su fertilidad habrá que destroncar sus raíces dejando un erial estéril de pozos por varios años más en descanso para su recuperación. ¡Más de medio siglo de futuro hipotecado sin remedio!Para peor, el ansia de inversiones externas junto con la creación de condiciones atractivas para su advenimiento por un lado, y los acuerdos de protección de inversiones con los países ricos de donde vendrían esos capitales por otro, no dejan margen para muchas regulaciones y ordenamientos territoriales que corrijan tanto uso abusivo, al punto que la situación cuestiona seriamente la soberanía del Estado y del pueblo uruguayo sobre su tierra y su agua, físicamente inseparables pero que responden a formas de propiedad distintas: la primera privada y la última de propiedad pública, implantando un problema insoluble. Sin entrar a cuestionar su voluntad política, de hecho en las actuales condiciones el gobierno no ha dado cumplimiento a lo resuelto por la ciudadanía en el plebiscito del agua ni tampoco le ha puesto límites a los excesos de los propietarios de la tierra. De todas maneras, el trato que le han dado a los recursos naturales tanto las empresas de propiedad estatal como las privadas en todo el mundo, sujetas siempre a la decisión de unos pocos según sus intereses más inmediatos, no garantizan en absoluto su utilización respetuosa del medio y sus habitantes. La legislación uruguaya solo admite esas dos formas fundamentales (art. 476 y sigs. del Código Civil).Existe, sin embargo, en el acervo histórico latinoamericano otro concepto de propiedad distinto: se trata de la propiedad social, reconocida en algunas legislaciones que recogen la tradición indígena, como la peruana, que da lugar a un tipo de empresa diferente a la empresa pública y a la empresa privada. Básicamente se trata de una empresa autogestionaria en donde los derechos al manejo y al control así como a sus beneficios no tienen origen en el título de propiedad ni en el capital sino en el trabajo.La introducción de la categoría propiedad social en nuestra legislación oficiaría como cuña en el monolítico régimen de propiedad en donde todo, absolutamente todo, es privado o estatal, y se constituiría incluso en un instrumento de organización social que apuntaría a la desaparición de la propiedad de la tierra y del agua y su reemplazo por la administración de las mismas. Concretamente, posibilitaría su aplicación a las cuencas hidrográficas con las tierras circundantes como unidades indisolubles que son, dando un cabal cumplimiento a lo resuelto por la ciudadanía respecto al agua y permitiendo una vigilancia real y efectiva del uso de la tierra y del respeto al derecho de los uruguayos a vivir en un ambiente saludable.Pero su elaboración en un proyecto de ley despierta un montón de problemas nuevos que hay que estudiar, tales como la convivencia con las formas de propiedad preexistentes, a qué casos se aplicaría, condiciones, procedimientos de resolución, etc., que en la legislación peruana dieron lugar a la constitución de un Sector de Derecho Social, además del Derecho Privado y del Público. Además, para consultar está la legislación de la ex-Yugoeslavia, cuyo sistema socio-económico se basó fundamentalmente en esta forma 'de propiedad.
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