GRAVAR EL LATIFUNDIO

Colonia Eduardo Acevedo, ocupada por productores lecheros. 

 

Por la justicia, por la gente

William Yohay

 El país presenta hoy una estructura de la propiedad de la tierra igual o peor que la existente a principios de siglo.
Según el último censo, que data de 2000, 8 mil predios acaparan el 75 por ciento de la tierra agropecuaria del país. Si se conociera a los propietarios, y se actualizaran las cifras, esta concentración de la propiedad se mostraría mucho mayor.

Esta estructura concentrada, con los bajos o nulos impuestos a la propiedad, crean las condiciones para bajos niveles de inversión y producción. Simplemente, comprar más campo es más barato que invertir.
 
Aunque esta política tiende a aumentar el valor de la tierra, al abaratar el costo fijo de mantener su propiedad, también es cierto que, tal como está ocurriendo ahora, grandes capitales nacionales, pero sobre todo extranjeros, ven una oportunidad de comprar grandes extensiones, que aún a los valores actuales, sensiblemente mayores a los de hace algunos años, son muy baratos en el contexto internacional.

El aumento de precios genera a su vez un entorno especulativo propio. Todos se quieren sumar al carro de los propietarios de un bien que sube de precio sin cesar. Pero muchos de ellos no son empresarios interesados en producir. Sólo quieren esperar que un activo cuya propiedad genera pocos costos fijos suba de precio para realizar una jugosa ganancia.

La creación de un impuesto a la propiedad de la tierra que la encarezca tiende a desmontar estos mecanismos perversos. Sobre todo si el producido se vuelca a comprar tierra para llevar adelante un proceso de reforma agraria que vaya poco a poco modificando esta realidad.

Clientelismo. El país cuenta desde 1948 con una ley que permite asentar gente en el campo. Y no sólo eso, sino que regula todo el proceso de creación de colonias bajo distintas modalidades (propiedad, arrendamiento, predios individuales, predios cooperativos) y, en forma detallada, estudia cada uno de los casos posibles y los mecanismos para hacerlos funcionar. Llega a prever la creación de unidades agroindustriales en el campo, las modalidades de financiamiento estatal, su recuperación y un largo etcétera. Es la ley de colonización, la 11.029.

No ha habido voluntad política en las últimas décadas para aplicarla. Simplemente, al Instituto Nacional de Colonización (INC), creado como organismo rector por esa ley, se le ha dejado librado a la inercia burocrática, el clientelismo político y la casi muerte por inanición. La lista de miles de aspirantes a colonos ha permanecido casi incambiada y los pocos predios adjudicados en los últimos tiempos lo han sido a clientes políticos de los gobiernos de turno

Se trata de darle recursos al INC, además, por supuesto, de cambiar la raíz de su funcionamiento. Recursos para comprar tierra pero también para financiar la instalación de colonos en el campo, el capital inicial en asesoramiento, instrucción, infraestructura básica, equipos, animales, insumos, lo imprescindible para que los emprendimientos sean exitosos.

Por supuesto que también se trata de rescatar a muchos colonos ya instalados, a quienes el abandono, las políticas agresivas hacia el pequeño productor, la ausencia de asesoramiento y apoyo, tanto desde el punto de vista agro-veterinario como el de la comercialización, han llevado al borde de la desaparición como tales.

Hablamos, nada más ni nada menos, de la base material para una política social y económica agropecuaria, de cuya inexistencia tanto chacharean algunos políticos de hoy.
Ciertamente no es la revolución. Pero es algo factible ahora, a poco que haya voluntad política de hacerlo.

Otros tiempos. En nuestro país vivimos lo que ya Samuel Behak en los 80 llamó “la contrarreforma agraria”. Y cada vez hay más pobreza y exclusión. Entre 1950 y la actualidad han desaparecido más de 30 mil explotaciones agropecuarias...más pobres, más excluidos, más delitos, más droga...más...

En 1967, durante el gobierno de Pacheco Areco, se creó un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra. Se basaba en una producción mínima fijada para cada padrón rural en base a un índice que pasó a llamarse Coneat (Comisión para el Estudio Agro Económico de la Tierra). Todo el país fue relevado con ese fin. Durante la dictadura, este impuesto, conocido como Improme, fue derogado. El poder de la rosca agropecuaria se impuso una vez más.

Durante la vigencia del Improme el INC adquirió la mayor cantidad de tierra en su historia. El latifundio de Silva y Rosas, consigna histórica de los peludos de Bella Unión, fue adquirido por el INC en esa época. Entendemos que la reinstalación de este impuesto, que podría recaudar más de 200 millones de dólares al año, permitiría encarar un proceso de recaudación serio. No es necesario cambiar la Constitución de la República ni afectar derechos de propiedad. Lo puede hacer el gobierno con la mayoría parlamentaria con que cuenta.

Un comentario final merece el impuesto recientemente aprobado, que grava con un 5% las ventas de campos. Su aplicación, según el ministro José Mujica, está recaudando unos 400 mil dólares mensuales, o sea unos 5 millones de dólares anuales. Con los actuales valores de la tierra, estimamos que se podrían adquirir unas 3 mil hectáreas anualmente. Para tener una idea, el INC administra hoy unas 500 mil hectáreas. Para duplicar esa superficie al ritmo propuesto por el gobierno harían falta 150 años. Como quien dice un proceso de reforma “progresista”.

En cambio, la implementación de un Improme podría colonizar, teniendo en cuenta las inversiones accesorias necesarias, 50 mil hectáreas anuales. Se podrían asentar en la tierra varios miles de compatriotas por año. Y todo eso sería financiado por el sector más beneficiado por la coyuntura económica actual, el latifundio.