Contrarreforma agraria

Ricardo Cayssials(*)
 
Uruguay es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que tiene desde 1948 una ley de colonización(ley 11.029), capaz de ser utilizada como una gran herramienta jurídica para impulsar y desarrollar un gran Plan de Colonización en nuestros territorios rurales.
 
Esa potencialidad de nuestro marco jurídico no está siendo utilizada y es muy triste constatar verdaderos bolsones de pobreza rural en áreas ocupadas por colonias del Instituto Nacional de Colonización (INC), dejadas a la deriva de un modelo neoliberal, que para nada está ayudando a esos colonos y sus familias a enfrentar el largo proceso de contrarreforma agraria imperante en nuestro Uruguay rural.
Hay quienes fundamentan que la Reforma Agraria en Uruguay es un tema de “agenda política” de trasnochados intelectuales de café, que además no saben nada de la tierra y el agua como recursos naturales básicos para la producción agrícola en el sentido amplio.

Aceptando este enunciado como una “verdad” o “certeza no discutible” (estamos en la era del “fin de las certezas”), me adelanto a señalar que el gran desafío actual es cómo enfrentar y revertir el largo proceso de contrarreforma agraria vigente en este Uruguay de hoy, donde su espacio agrario está siendo sometido a fuertes impactos ambientales negativos (aceptados por los gobiernos anteriores y aún no encarados con auténtica voluntad política por el actual), lo cual viene provocando y desencadenando serios procesos de degradación del medio rural uruguayo. Los monocultivos, ya sea estos de eucalitptos, soja, caña de azúcar o arroz; las siembras directas mal realizadas; la práctica de períodos recurrentes de sobre-pastoreo con las consiguientes degradaciones de pasturas naturales e incluso erosión de suelos y degradación de aguadas naturales; el avance en la desecación de humedales, etc, conjuntamente con incrementos sustanciales en la extranjerización de la tierra; la expulsión de grandes contingentes de pequeños y medianos productores, así como asalariados rurales, los cuales pasan a ocupar las periferias urbanas, generando el grave fenómeno de los recientes incrementos exponenciales de los llamados “asentamientos irregulares”, fruto de este modelo civilizatorio, que no sabe reconocer en su gente la principal riqueza del país.

¿Qué hacer? La primera prioridad es frenar el proceso de contrarreforma agraria vigente en Uruguay. La presión por acceder a tierras y aguas cada día se manifiesta con mayor fuerza a lo largo y ancho del país, en gran parte explicada por los niveles nunca alcanzados hasta ahora en materia de precios de la tierra. Quien antes accedía por la vía de contratos de “pastoreo”, hoy día ya no lo puede hacer y es forzado a “pastorear” su ganado en los bordes de nuestros caminos rurales, llegando incluso a “alambrar con eléctrico” tramos considerables. Este nuevo paisaje ganadero, antes sólo visible en tiempos de sequía, hoy se puede observar en casi todo el Uruguay, siendo más frecuente en ese norte profundo donde los niveles de pobreza rural se expresan con mayor nitidez.
Nuestras actuales colonias del INC deberían ser nuestros puntos de apoyo para revertir este proceso de contrarreforma agraria y para eso sólo falta demostrar que existe real voluntad política para aplicar en todos sus términos la ley 11.029 y transformar las hoy empobrecidas colonias en auténticos ejemplos de “Desarrollo Rural Sustentable”, donde las cuatro dimensiones básicas de conservación de recursos naturales y bienes culturales, eficacia y eficiencia económica, equidad social en la distribución de esfuerzos y beneficios se concretice en justicia en la satisfacción de las necesidades sociales y espirituales y que todo esto se encuadre en una auténtica y real participación de todos los ciudadanos involucrados en la toma de decisiones (autoridades, productores, trabajadores, mujeres, niños y jóvenes, así como adultos mayores de esas comunidades).

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) junto con el INC tienen todo para hacer realidad esta primera acción, no para hacer la reforma agraria (que habrá que hacer), sino para frenar y comenzar a revertir la ya mencionada contrarreforma agraria.

En notas posteriores nos preguntaremos por qué no se aplica el impuesto a la Productividad Mínima Exigible (Improme), otro gran instrumento (herramienta) para contribuir y revertir este flagelo de la contrarreforma agraria, que hoy permite a grandes multinacionales de los monocultivos poseer la propiedad de más de 100.000 hectáreas, contribuyendo a acelerar el proceso de concentración de la propiedad privada de la tierra y el agua, negadas a los pequeños y medianos productores, así como a quienes quieren trabajar estos recursos naturales esenciales del patrimonio nacional.

 * Ingeniero agrónomo